Por medio de la Resolución de Intervención N° 182/26, el interventor de la Caja Popular de Ahorros, Guillermo Norry, y el subinterventor, Antonio Bustamante, asignaron funciones de gerente de Seguros Generales a Esteban Ramiro Bustamante, asesor de Intervención, productor de seguros y sobrino del subinterventor.
La designación se da en medio de una serie de cuestionamientos sobre el funcionamiento del Departamento Asegurador. Entre ellos, se señala la contratación de un contador por $360 millones para realizar un trabajo para el cual no contaría con la idoneidad necesaria, además de demoras en el pago de juicios y proveedores que podrían derivar en mayores costos y eventuales sanciones de organismos nacionales.
A este escenario se suma ahora un proyecto que genera preocupación por el nivel de riesgo que podría representar para el patrimonio de la institución.
Un negocio de alto riesgo
Bustamante pretende avanzar con la emisión de aproximadamente 25.000 pólizas de seguro automotor destinadas a taxis y remises que trabajan dentro de la Asociación Mutual de Conductores Automotor (AMCA), con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La iniciativa supone el ingreso de la Caja Popular a un segmento que históricamente no fue autorizado dentro de sus políticas internas de suscripción.
La razón está vinculada con las características propias de esta actividad y con el nivel de exposición que implica asegurar vehículos destinados al transporte de pasajeros. La frecuencia de utilización de los automóviles, la cantidad de horas que permanecen en circulación y los antecedentes de siniestralidad hacen que se trate de una cartera que requiere un análisis técnico y financiero específico.
Por tratarse, además, de una institución que administra fondos públicos, cualquier decisión de esta magnitud debería estar acompañada por estudios que permitan determinar la conveniencia de asumir ese riesgo y la capacidad de la aseguradora para afrontar eventuales obligaciones.
Sin embargo, no existiría hasta el momento un informe técnico profesional que avale la conveniencia de avanzar con el proyecto.
A pesar de ello, ya se habría dado la orden de avanzar con desarrollos tecnológicos destinados a permitir la emisión de las futuras pólizas.
De esta manera, la Caja Popular comenzaría a afrontar gastos vinculados a una operatoria cuya viabilidad económica y técnica todavía no estaría debidamente acreditada.
El antecedente de Orbis
El proyecto adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta el antecedente de Orbis Compañía Argentina de Seguros S.A., compañía que terminó siendo liquidada por la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Orbis había ofrecido cobertura para taxis en la ciudad de Rosario a través de AMCA, una operatoria que presenta similitudes con la que actualmente se busca implementar en la Caja Popular.
El antecedente debería funcionar como una señal de alerta para cualquier compañía que pretenda ingresar en este segmento, especialmente por la exposición económica que puede generar una cartera de vehículos afectados al transporte de pasajeros.
La incorporación de 25.000 pólizas no supone solamente sumar clientes. Implica asumir potenciales obligaciones frente a miles de siniestros, reparaciones, indemnizaciones y reclamos que deben ser contemplados antes de poner en marcha la operatoria.
Por eso, el análisis debería incluir variables como la frecuencia y gravedad de los siniestros, el costo promedio de reparación, la evolución de las primas, la exposición patrimonial y la capacidad de la compañía para afrontar eventuales reclamos.
Un productor que no figura en el padrón
Otro de los puntos que genera interrogantes está relacionado con la forma en que se desarrollaría la operatoria.
Según se pudo saber, el negocio se realizaría a través de un productor asesor de seguros que no se encontraría actualmente dentro del padrón de la Caja Popular de Ahorros.
La situación abre interrogantes respecto de las condiciones comerciales bajo las cuales se instrumentaría el proyecto, la participación de los intermediarios y los eventuales beneficios económicos derivados de la operatoria.
Mientras tanto, la institución ya estaría destinando recursos al desarrollo del software necesario para la emisión de las futuras pólizas.
Es decir, se estarían generando costos para poner en marcha un negocio cuya conveniencia todavía no habría sido respaldada por un estudio técnico específico.
Una serie de decisiones bajo la lupa
El proyecto se suma a otros cuestionamientos vinculados con la actual conducción del Departamento Asegurador.
Entre ellos se encuentra la contratación de un contador por $360 millones para realizar una tarea para la cual, según se cuestiona, el profesional no contaría con la idoneidad necesaria.
También se señalan demoras en el pago de juicios y proveedores, una situación que podría generar mayores costos para la institución y eventuales sanciones por parte de organismos nacionales.
En este contexto, la discusión excede la conveniencia o no de comercializar un determinado tipo de seguro.
Lo que está en juego es la manera en que se están tomando decisiones que pueden comprometer recursos y patrimonio de una institución pública.
Los cuestionamientos también alcanzan a los organismos encargados de controlar el funcionamiento de la institución, entre ellos el Tribunal de Cuentas y el Poder Ejecutivo provincial.
Porque cuando se trata del patrimonio de la Caja Popular, el riesgo no lo asumen quienes toman la decisión en un escritorio: lo termina asumiendo la propia institución y, en última instancia, toda la sociedad tucumana.
Fuente Enterate
