La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, aprobó por unanimidad una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que vuelve a poner en marcha el proceso para renovar a todos los magistrados de la máxima corte del país.
La modificación fue acordada como parte de los compromisos alcanzados entre el oficialismo y un sector de la oposición durante la mesa de diálogo promovida por Estados Unidos. El entendimiento alcanzado en agosto estableció como uno de sus principales objetivos la transformación del sistema de justicia venezolano y la renovación completa del TSJ.
Uno de los principales cambios introducidos por la reforma es la ampliación del Comité de Postulaciones Judiciales, organismo encargado de evaluar y seleccionar a los candidatos que posteriormente podrán ser considerados para ocupar los cargos de magistrados.
El comité pasará de tener 21 integrantes a 23. La nueva composición estará formada por 11 diputados y 12 representantes de la sociedad civil, otorgando por primera vez una mayoría a los integrantes no parlamentarios dentro de esta instancia. Además, el comité tendrá un período de funcionamiento de dos años.
La renovación del TSJ constituye uno de los primeros resultados concretos de las conversaciones iniciadas entre el Gobierno y la oposición. El acuerdo firmado el 12 de agosto contempló además trabajar en el fortalecimiento de la democracia y del Poder Electoral.
Desde la oposición, la reforma fue recibida como un paso hacia la conformación de un Tribunal Supremo más independiente. La delegación opositora sostuvo que la participación de representantes de la sociedad civil será fundamental para garantizar mayor equilibrio durante la selección de los nuevos magistrados.
La decisión también modifica el escenario creado por una reforma anterior aprobada en mayo, cuando el Parlamento había aumentado de 20 a 32 el número de magistrados del TSJ.
El proceso se desarrolla en un momento de importantes cambios políticos e institucionales en Venezuela. Tras la salida de Nicolás Maduro del poder en enero, el Gobierno encabezado por la dictadora encargada Delcy Rodríguez inició una serie de reformas destinadas a modificar distintas instituciones del Estado.
Ahora, el desafío será trasladar la reforma aprobada por el Parlamento al proceso de selección de los nuevos magistrados. La composición del comité, la evaluación de los candidatos y las garantías de independencia judicial serán los próximos pasos de un procedimiento que podría convertirse en una de las principales pruebas institucionales de la transición venezolana.
