El deterioro en la cobertura de la obra social pública impacta con fuerza variable según la región. En este sentido, en la ciudad entrerriana de Concordia, unos 15.000 afiliados quedaron desprovistos de atención privada tras la ruptura definitiva del convenio con el principal sanatorio local. De esta manera, las medidas de fuerza se replicaron en la Patagonia con un paro de 24 horas y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Córdoba, Mendoza y San Juan, donde clínicas y sanatorios privados concretaron un apagón de prácticas diagnósticas y cirugías programadas por 48 horas.
La situación en el interior exhibe un goteo constante de prestaciones caídas. En provincias como Catamarca, el Colegio de Farmacéuticos denunció demoras severas en las liquidaciones oficiales, forzando a los jubilados a deambular por diversos locales o abonar los medicamentos de su bolsillo. Asimismo, los centros de diálisis de todo el territorio nacional alertaron sobre el riesgo inminente de interrumpir tratamientos vitales ante la falta de actualización en los módulos de internación y provisión de prótesis y marcapasos. Es por esto que el sistema sanitario se encuentra al límite.
Causas estructurales, ajuste fiscal y la caída de recursos tributarios
La obra social de los jubilados padece un descalce estructural marcado por la contracción de los aportes patronales —producto de la informalidad laboral— frente al incremento incesante de una demanda de adultos mayores cada vez más longeva. De hecho, a este escenario se suma la política del Gobierno nacional enfocada en contener las transferencias del Tesoro para preservar el superávit fiscal. En consecuencia, el organismo absorbe el ajuste postergando pagos y acumulando deuda con clínicas y laboratorios.
Además, el esquema financiero del PAMI sufrió el impacto del fin del Impuesto PAIS, tributo que hasta diciembre de 2024 aportaba fondos indirectos a la seguridad social y que en el Presupuesto 2025 registra una recaudación nula. En consecuencia, mientras la ley marco del instituto establece el carácter intangible de los recursos destinados a la atención médica de los jubilados, los prestadores reclaman una recomposición urgente de aranceles.
Fuente Enterate
