El Gobierno publicó en el Boletín Oficial los decretos anunciados por el Presidente. El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional será enviado al Congreso la próxima semana e incluirá nuevas sanciones para empresas vinculadas con la explotación de recursos en las islas.
El presidente Javier Milei avanzó con la implementación del paquete de medidas anunciado durante la cadena nacional por la cuestión Malvinas. Este viernes fueron publicados en el Boletín Oficial los decretos que establecen nuevas herramientas de control y sanción, mientras que el Ejecutivo prepara el envío al Congreso de un proyecto de ley que concentrará las reformas de mayor alcance.
La iniciativa será remitida durante la próxima semana y, según anticiparon desde la Casa Rosada, no será dividida en distintos proyectos. El endurecimiento del régimen de sanciones y la creación de un nuevo esquema de Seguridad Nacional formarán parte del mismo expediente.
Nuevos controles sobre la explotación petrolera
A través del Decreto 868/2026, el Gobierno designó a la Cancillería como autoridad de aplicación de la Ley 26.659 y estableció un procedimiento más ágil para investigar y eventualmente sancionar a personas y empresas que realicen actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina en los espacios marítimos vinculados con Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
Los organismos públicos tendrán un plazo de cinco días hábiles para informar posibles infracciones. Una vez iniciado el sumario, los involucrados contarán con diez días para presentar su descargo.
El decreto también incorpora controles adicionales para las empresas que pretendan acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) o conseguir permisos, concesiones y habilitaciones vinculadas con la actividad petrolera.
Las compañías deberán presentar declaraciones juradas en las que aseguren que ellas y sus socios no realizan ni realizarán actividades prohibidas por la legislación argentina. Además, Cancillería deberá intervenir antes de aprobar determinadas solicitudes.
Más fondos para Defensa y la Base Naval
Por su parte, el Decreto 867/2026 modificó el Presupuesto 2026 para reforzar partidas destinadas a distintas áreas, entre ellas Defensa, inteligencia y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).
El Ejecutivo justificó la medida por la necesidad de garantizar el funcionamiento de organismos estatales y sostener servicios esenciales. En el caso de Defensa, los recursos estarán destinados a la incorporación, modernización y recuperación de equipamiento de las Fuerzas Armadas.
El DNU contempla además fondos específicos para avanzar con la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego y fortalecer las capacidades de telecomunicaciones.
El objetivo del Gobierno es convertir el complejo austral en un polo logístico estratégico para el Atlántico Sur y mejorar la capacidad argentina de proyección hacia la Antártida.
La ley que llegará al Congreso
La parte estructural del paquete será incorporada al proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La iniciativa buscará modificar la Ley 26.659 para aumentar las sanciones y penas contra quienes participen de actividades hidrocarburíferas no autorizadas.
El alcance también podría extenderse a proveedores y empresas vinculadas con las compañías involucradas, además de establecer restricciones para que los infractores puedan contratar con organismos públicos y empresas privadas en la Argentina.
El proyecto incluirá además la posibilidad de aplicar el juicio en ausencia cuando corresponda y ampliará el régimen a otras actividades desarrolladas en las islas que puedan afectar recursos naturales argentinos.
De esta manera, la estrategia oficial no quedaría limitada al proyecto petrolero Sea Lion, sino que buscaría establecer un marco general para las actividades vinculadas con la explotación de recursos en los territorios y espacios marítimos cuya soberanía reclama la Argentina.
Un Consejo de Seguridad Nacional
El mismo proyecto contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, que tendrá como objetivo coordinar las áreas de Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía.
El organismo estará encargado de diseñar una política transversal de seguridad para el Estado y establecerá herramientas destinadas a proteger la infraestructura crítica, además de fortalecer la vigilancia de los espacios marítimo y aeroespacial.
Milei también buscará que el Congreso otorgue al nuevo organismo facultades para aplicar herramientas económicas y diplomáticas frente a actores estatales o privados considerados una amenaza para la seguridad nacional.
Así, el Gobierno pretende vincular la cuestión Malvinas con una estrategia más amplia que incluya la defensa de los recursos naturales, el Atlántico Sur, la Antártida, las comunicaciones y las capacidades militares del país.
El paquete quedó dividido en dos etapas: los decretos ya fueron oficializados y entraron en vigencia con su publicación, mientras que el proyecto integral será enviado al Congreso en los próximos días. En el Ejecutivo confían en aprovechar el respaldo político que genera el reclamo por Malvinas para acelerar el debate parlamentario y contar con nuevas herramientas antes de que avance la explotación petrolera denunciada por el Gobierno en la Cuenca Malvinas Norte.
