Las autoridades de Noruega impidieron la salida de un crucero ruso del archipiélago de Svalbard luego de que un tribunal ordenara su retención a petición de la empresa energética ucraniana Naftogaz, que busca ejecutar una indemnización de 4.220 millones de dólares contra Rusia por la confiscación de sus activos en Crimea tras la anexión de 2014.
El buque »Professor Molchanov», de 71 metros de longitud, quedó retenido desde la noche del miércoles en Barentsburg, un asentamiento de explotación de carbón administrado por Rusia en Svalbard. La medida representa un nuevo capítulo en la ofensiva legal internacional de Naftogaz para localizar activos rusos que puedan utilizarse para compensar las pérdidas reconocidas por un tribunal arbitral internacional.
La orden fue emitida el lunes por un tribunal de distrito noruego, que instruyó al gobernador de Svalbard a garantizar que el barco no pudiera abandonar el puerto. Rusia tiene la posibilidad de solicitar que el tribunal vuelva a examinar el caso, mientras que Naftogaz espera avanzar posteriormente hacia una eventual subasta de la embarcación.

El gobierno ruso reaccionó con dureza. El Ministerio de Relaciones Exteriores calificó la retención del crucero como un acto de »piratería» y anunció que había convocado al embajador noruego para presentar una protesta formal. Moscú sostuvo además que las medidas aplicadas por Noruega contra organizaciones y ciudadanos rusos en Svalbard constituyen restricciones ilegales y acusó a Oslo de violar el derecho internacional y el Tratado de Svalbard.
Rusia también aseguró que trabajará para conseguir la liberación del buque. El argumento del Kremlin se basa en los derechos que el tratado internacional de 1920 concede a los ciudadanos de los países signatarios, entre ellos Rusia, para establecerse y desarrollar determinadas actividades económicas en el archipiélago.
Noruega rechazó vincular directamente al gobierno de Oslo con la disputa económica. El Ministerio de Justicia señaló que el conflicto relacionado con el barco corresponde a Naftogaz y Rusia. Al mismo tiempo, las autoridades noruegas indicaron que están dispuestas a facilitar el regreso de los tripulantes, pasajeros y demás personas que se encuentren a bordo y quieran regresar a Rusia.

El gobernador de Svalbard, Lars Fause, afirmó que las autoridades mantienen conversaciones con la administración de Barentsburg para encontrar mecanismos que permitan garantizar un retorno seguro de las personas afectadas.
El conflicto judicial entre Naftogaz y Moscú comenzó en 2016, cuando la empresa energética ucraniana inició acciones legales para reclamar una compensación por la expropiación de sus propiedades en Crimea. En abril de 2023, un tribunal arbitral con sede en La Haya ordenó a Rusia pagar 4.220 millones de dólares, además de intereses y costos legales.
Moscú no reconoce la jurisdicción del tribunal en este caso y se ha negado a cumplir el fallo. Naftogaz, sin embargo, sostiene que Rusia no puede evitar sus obligaciones simplemente rechazando la autoridad del tribunal y ha intensificado sus esfuerzos para hacer efectivo el laudo mediante procedimientos de ejecución en diferentes países.

Sergii Fedorenko, director ejecutivo interino de Naftogaz, afirmó que Rusia debe asumir las consecuencias de sus acciones y que la empresa continuará buscando activos rusos que puedan ser utilizados para cumplir con la compensación establecida.
El barco había llegado el martes a Barentsburg con un grupo de científicos rusos. Según un periodista que acompañaba a la expedición, los integrantes del grupo desembarcaron con normalidad y no se produjeron arrestos. La retención de la embarcación no se conoció públicamente hasta el miércoles por la noche.
Aunque el valor del Professor Molchanov representa apenas una fracción de la indemnización reclamada, los representantes legales de Naftogaz consideran la operación una victoria significativa.

El objetivo de Naftogaz es obtener autorización judicial para subastar el buque y utilizar los recursos obtenidos para cubrir parte de la indemnización. La empresa estima que la deuda rusa ha aumentado hasta aproximadamente 6.000 millones de dólares al incluir intereses y costos legales.
La compañía ucraniana también mantiene procesos destinados a localizar y congelar activos rusos en Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Finlandia. La estrategia busca convertir las decisiones judiciales internacionales en compensaciones efectivas.


