El testimonio valiente de una niña de 10 años que se animó a contarle a su maestra el calvario que vivía dentro de su entorno familiar marcó el inicio de una causa judicial en Mendoza que tardaría más de una década en resolverse.
El acusado es Carlos Alberto De Las Heras Urzi, un agente del Servicio Penitenciario provincial que abusó reiteradamente de la menor (su sobrina política) entre marzo y noviembre de 2015. Actualmente, el imputado permanece alojado en el penal de San Felipe, y pese a sus condenas previas, aún no fue exonerado de la fuerza de seguridad.
Este lunes 9 de septiembre, el acusado deberá volver a comparecer ante el Tribunal Penal Colegiado N° 1. No se trata de un nuevo juicio de culpabilidad, sino de una audiencia de cesura destinada exclusivamente a fijar los años de su nueva condena, luego de que parte de los delitos que se le imputaban prescribieran por el paso del tiempo.
Un proceso marcado por la mora judicial
El derrotero judicial del caso expone las enormes demoras del sistema para garantizar justicia:
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2018 (Primer juicio): De Las Heras Urzi fue condenado a tres años de prisión por abuso sexual simple en modalidad continuada.
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2019 (Anulación): La Suprema Corte mendocina anuló el fallo y ordenó un nuevo debate.
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2022 (Segundo juicio): Fue declarado culpable nuevamente y se elevó la pena a cuatro años y seis meses.
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2023 – 2024 (Prescripción): Tras recursos interpuestos por la defensa, la Corte Suprema de la Nación y la Corte local resolvieron que los delitos por «abuso sexual simple» habían prescripto debido a la demora del Estado.
Por este motivo, el Tribunal dictó el sobreseimiento por esos hechos menores y ahora solo deberá adecuar la pena por el delito más grave que quedó firme: abuso sexual gravemente ultrajante.
«La dilación implica una revictimización»
Agotada por las demoras procesales, la víctima, que hoy tiene 22 años, presentó un escrito formal ante la Corte de Mendoza exigiendo que, después de 11 años, el Estado brinde una respuesta definitiva.
«La dilación que ha tenido este proceso implica una revictimización y una vulneración de mi derecho a la Justicia», advirtió la joven en su presentación, patrocinada por el abogado Juan Pablo Chales.
Mientras aguardan la audiencia clave, la defensa técnica del penitenciario intentará solicitar una morigeración de la pena buscando acceder a la prisión domiciliaria, decisión que quedará íntegramente en manos de los jueces.
Fuente Enterate
