La jueza kirchnerista Marta Elba Pascual, quien recientemente suspendió durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires, protagonizó una polémica declaración al referirse al brutal asesinato de Kim Gómez, la niña de 7 años que murió durante un violento robo en La Plata.
En diálogo con Radio Now 97.9, Pascual aseguró que mantiene contacto con el padre de la víctima y describió el crimen de una manera que provocó la inmediata reacción del periodista que la entrevistaba.
“Estoy trabajando con el padre de Kim, de La Plata, con ese hecho, el de la chiquita esa que se cayó del auto”, expresó la magistrada, actualmente titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora.
El periodista la corrigió inmediatamente y cuestionó con dureza esa descripción: “No se cayó, la empujaron, doctora. La reventaron, le reventaron la vida”.
Lejos de rectificar de manera contundente su afirmación, Pascual respondió: “Sí… bueno, hay dos versiones”, dejando entrever su posición claramente alineada con delincuencia juvenil y el rol de «victimas» de los asesinos.
Las palabras de la jueza generaron todavía más polémica debido a las circunstancias acreditadas judicialmente alrededor del asesinato. Kim Gómez murió después de que dos delincuentes de 17 y 14 años abordaran a su madre para robarle el vehículo en Altos de San Lorenzo, La Plata.
La menor quedó atrapada en el automóvil y fue arrastrada durante más de 15 cuadras mientras los delincuentes escapaban con el vehículo robado. La persecución terminó cuando el auto impactó contra un poste y los atacantes huyeron, dejando el cuerpo de la niña debajo del rodado.
Por el crimen, Tobías Godoy, de 17 años al momento del hecho, fue condenado a 23 años y 4 meses de prisión por homicidio en ocasión de robo. El segundo involucrado tenía 14 años cuando ocurrió el asesinato y quedó fuera del alcance del régimen penal vigente en aquel momento.
La jueza k en el centro de la polémica
Las declaraciones aparecen en momentos en que Pascual se encuentra fuertemente cuestionada por haber suspendido durante 60 días la aplicación en territorio bonaerense de la nueva legislación que redujo de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.
La magistrada argumentó que el ingreso de adolescentes de 14 y 15 años al sistema podría generar problemas de infraestructura, alojamiento y capacidad en los institutos provinciales.
La decisión provocó una fuerte reacción de La Libertad Avanza, que anunció que avanzará con un pedido de juicio político contra Pascual al considerar que la jueza excedió sus facultades al intentar impedir la aplicación de una ley sancionada por el Congreso.
Ahora, las formas de la jueza K para referirse a uno de los crímenes más estremecedores protagonizados por asesinos menores de edad vuelve a colocarla en el centro de la discusión sobre la Justicia juvenil bonaerense.
