Una grave denuncia de violencia institucional y escolar sacude a la comunidad de El Manantial, provincia de Tucumán, tras la brutal agresión sufrida por un estudiante de 13 años dentro de la Escuela Media de la localidad. El hecho ocurrió durante un horario libre en el aula mientras los directivos y docentes participaban del acto por el Día del Maestro, dejando a los alumnos completamente sin supervisión. En ese contexto, un compañero de 14 años —quien registra antecedentes de mal comportamiento y una expulsión previa de otra institución— atacó al menor tomándolo del cuello y propinándole una paliza. A pesar de la severidad de los golpes, la escuela no asistió de inmediato al alumno ni llamó a una ambulancia, obligándolo a regresar a su hogar por sus propios medios. Con el cuerpo golpeado, la víctima debió caminar solo una distancia considerable hasta llegar a su casa. Sobre el dramático momento, la madre del menor relató: «Caminó solo como 20 cuadras, todo golpeado».
El intento de encubrimiento y la falsa versión ante el seguro
Tras el ataque, la dirección del establecimiento educativo desplegó una serie de maniobras destinadas a ocultar la agresión física y deslindar responsabilidades institucionales. Cuando la madre acudió al colegio a exigir explicaciones, las autoridades le entregaron una declaración jurada ya redactada para la aseguradora (ART) en la que exigían falsificar lo sucedido.
La instrucción directa de la escuela era mentir y afirmar que el alumno se había tropezado accidentalmente contra un banco escolar.
Sin embargo, los diagnósticos médicos desmintieron categóricamente la versión oficial de la institución. La abogada de la familia, Dra. Débora Bolea, enfatizó la contundencia de las lesiones al señalar: «El mismo médico del seguro cuando lo estaba atendiendo dudó de que haya sido contra un pupitre […] tiene más de 15 patadas en su cuerpo, en sus manos […] y en sus partes íntimas. Un pupitre no te deja esas lesiones».
Intento de silenciamiento y falta de respuestas institucionales
A la falsificación de documentos se sumó un intento de acallar el reclamo de la familia mediante la entrega de asistencia alimentaria. Días después de la agresión, la directora del establecimiento se contactó con la madre únicamente para ofrecerle retirar un bolsón de mercadería en la sede escolar. Para la familia del menor, esta acción representó una clara maniobra para comprar su silencio e invalidar el daño físico y psicológico ocasionado. Ante esta situación, Catherine Melgarejo expresó con indignación: «Como si fuese que la vida de mi hijo vale un bolso de mercadería«. Asimismo, la conducción de la escuela argumentó no poseer cámaras de seguridad instaladas para justificar la falta de registros visuales del ataque y de las circunstancias en que ocurrieron los hechos.
Evaluaciones médicas y el polémico archivo judicial de la causa
En el plano médico y judicial, las evaluaciones realizadas por los profesionales de salud del CAPS, la policía y el Hospital de San Pablo confirmaron que la víctima presenta severos politraumatismos en diversas partes del cuerpo. Pese a la gravedad de los informes médicos y a la vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil para menores de 14 años, la Unidad de Decisión Temprana del Ministerio Público Fiscal optó inicialmente por archivar la causa penal y derivar el expediente exclusivamente a la vía administrativa del Ministerio de Educación. Esta resolución provocó un fuerte rechazo por parte de la querella, que exige la reactivación urgente de la investigación penal contra el agresor y la determinación de las responsabilidades de los funcionarios escolares. Al respecto, la abogada defensora cuestionó el accionar judicial manifestando: «Tomaron esto con tanta liviandad sin que haya llegado […] el informe del médico de policía […] solicito que se investigue el delito, que realmente se tomen pruebas objetivas«.
Exigencia de justicia y prevención ante la impunidad escolar
Frente al riesgo inminente de impunidad, la familia y su representación legal ratificaron que continuarán las acciones judiciales hasta lograr el esclarecimiento total del hecho y sancionar la negligencia institucional. La defensa alertó sobre el peligro de revictimizar al adolescente golpeado mediante actas escolares elaboradas sin el consentimiento de los padres. Del mismo modo, advirtieron que la falta de aplicación de protocolos de seguridad en los colegios pone en riesgo constante a toda la comunidad educativa[4][14]. Con firmeza, la Dra. Bolea concluyó: «No voy a permitir la revictimización de este niño y le pido a la justicia, al Ministerio Público Fiscal que realmente actúe e investigue este delito». En la misma línea, la madre del menor cerró con un angustiado pedido de justicia: «Quiero que esto se investigue, que actúe la justicia, que no quede en la nada como pretenden ellos, que quede todo ahí en la escuela, tapar todo».
🚨AHORA | Violencia y encubrimiento: intentan ocultar la agresión a un menor en la Escuela Media del Manantial #tucuman
«Quisieron callarme con un módulo alimenticio, como si la vida de mi hijo valiera un bolsón de mercadería», afirmó la mamá denunciante. pic.twitter.com/mWmTig9nax
— Enterate Play (@EnteratePlay) September 16, 2026
Fuente Enterate
