Un empleado judicial radicó una denuncia penal acusando a un policía que prestaba servicios en la Comisaría 6° de haber encabezado una maniobra fraudulenta por un monto cercano a los $500 millones, afectando a más de 120 familias bajo la promesa de conseguirles viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).
La maniobra, las falsas carpetas y la exigencia de pagos
La denuncia fue presentada formalmente en la Comisaría 5° e intervino la Fiscalía de Delitos Complejos para determinar el recorrido del dinero y la mecánica del delito. En este sentido, el denunciante relató que conocía al uniformado de la morgue judicial y que las gestiones se iniciaron cuando el agente le aseguró tener contactos políticos en Acción Social y en la Legislatura para adjudicar casas en Lomas de Tafí, San Andrés y Manantial Sur. De esta manera, el policía exigía pagos iniciales de entre $2 millones y $5 millones por persona, solicitando que la operación se mantuviera en reserva y provocando que el propio trabajador judicial sumara a sus familiares y allegados.
Por consiguiente, el volumen de damnificados escaló exponencialmente a medida que el acusado abría supuestos «nuevos cupos».
Vencimiento de plazos, pase a disponibilidad y pruebas presentadas
Ante el incumplimiento de las fechas de entrega pactadas para comienzos de año y las excusas evasivas del uniformado, los damnificados acorralaron al intermediario exigiendo la devolución de los fondos. En este sentido, el denunciante aportó a la causa comprobantes de transferencias bancarias, alias de Mercado Pago, Brubank y Banco Macro, además de fotocopias de recibos y documentación personal entregada al policía en su domicilio de Alderetes. Asimismo, la Jefatura de Policía dispuso de inmediato el pase a disponibilidad del uniformado imputado mientras avanzan las actuaciones penales.
Fuente Enterate
