La administración de Donald Trump anunció este lunes la revocación o restricción de visas para 27 funcionarios, jueces, fiscales y empresarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, en una nueva aplicación de su política para sancionar a extranjeros que, según Washington, estén vinculados con corrupción, narcotráfico o acciones que afecten a gobiernos democráticamente elegidos. La medida también alcanza en determinados casos a familiares directos.
El Departamento de Estado fundamentó las restricciones en la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite impedir el ingreso a Estados Unidos cuando considera que determinadas actividades de una persona pueden generar consecuencias adversas graves para la política exterior estadounidense.
Bolivia concentra la mayor cantidad de afectados. Estados Unidos revocó las visas vigentes de 12 personas y declaró inelegibles para obtener una visa a otras nueve. Entre los nombres difundidos aparecen el exministro de Justicia Iván Lima Magne, varios jueces y fiscales y el empresario José Luis Iriarte Cussi.
En Colombia, las medidas alcanzaron a la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú, integrante del Pacto Histórico y del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), y al empresario Euclides Antonio Torres Romero, junto con sus familiares directos.
Peralta se encuentra vinculada a investigaciones relacionadas con el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), mientras que Torres ha sido mencionado en investigaciones sobre presunta financiación irregular de actividades relacionadas con la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.
En Ecuador, Washington sancionó a dos ciudadanos y sus familiares, aunque sus identidades no fueron divulgadas públicamente debido a las normas estadounidenses de confidencialidad de los registros consulares. En Perú, la medida alcanzó al juez Juan Carlos Núñez Matos y a su núcleo familiar.
La Administración Trump presentó las restricciones como parte del “Escudo de las Américas”, iniciativa mediante la cual Estados Unidos busca coordinar con países del hemisferio acciones contra el narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción. El Departamento de Estado señaló que socavar un gobierno elegido democráticamente constituye, desde su perspectiva, una amenaza para la seguridad y el Estado de derecho en la región.
La decisión constituye así una nueva herramienta de presión de Washington: además de las sanciones financieras y judiciales, las restricciones migratorias pasan a utilizarse contra funcionarios y actores privados señalados por Estados Unidos en investigaciones relacionadas con corrupción y narcotráfico.
