La Justicia Federal declaró inconstitucional el decreto del Gobierno que había frenado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó al Poder Ejecutivo avanzar con su cumplimiento. La decisión fue tomada por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, a partir de un amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA).
El magistrado dejó sin efecto el Decreto 759/2025 y ordenó al Ejecutivo implementar de manera inmediata la normativa sancionada por el Congreso. Según el fallo, el Gobierno deberá dictar las normas reglamentarias y ejecutar las medidas necesarias para poner en marcha la ley, que contempla, entre otros puntos, recursos para las universidades y una recomposición de los salarios de docentes y trabajadores no docentes.
Qué cuestionó el juez Cormick
El conflicto comenzó luego de que el Gobierno intentara impedir la entrada en vigencia de la ley mediante un veto. Tras el rechazo del Congreso y la insistencia parlamentaria para sostener la norma, el Ejecutivo dictó el decreto que condicionaba su aplicación a la identificación de fuentes específicas de financiamiento y a la incorporación de las partidas correspondientes al Presupuesto.
Frente a esa decisión, el CIN, la UBA y otras universidades recurrieron a la Justicia mediante un amparo colectivo. En su resolución, Cormick sostuvo que el decreto cuestionado no superaba un estándar mínimo de razonabilidad porque permitía suspender la aplicación de una ley que había sido ratificada por el Congreso con las mayorías requeridas por la Constitución.
La resolución también alcanza salarios y financiamiento
El juez consideró además que, ante la imposibilidad de avanzar con un nuevo veto, el decreto había operado como un mecanismo que, según su interpretación, no está contemplado por la Constitución. En ese sentido, calificó la medida como una “instancia de veto no prevista en la Constitución Nacional”.
Cormick también sostuvo que la intervención de la Justicia sobre decisiones estatales con impacto presupuestario no constituye, por sí misma, una intromisión excepcional. El fallo remarcó que el control judicial forma parte de las facultades de los tribunales cuando existen cuestiones vinculadas con la aplicación de normas y derechos.
Por último, la resolución puso en discusión el impacto fiscal atribuido a la Ley de Financiamiento Universitario. El magistrado recordó que durante 2024 y 2025 no hubo una nueva Ley de Presupuesto, por lo que se prorrogaron las partidas correspondientes al ejercicio 2023, y citó un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso según el cual el impacto estimado de la norma durante 2025 representaba aproximadamente el 0,23% del PBI nominal proyectado.
Fuente Enterate
