Entre las medidas destacadas de septiembre, el Gobierno eliminó la autorización previa de la CNV para las reuniones de consejo de las calificadoras de riesgo y reemplazó informes periódicos obligatorios por un sistema de monitoreo continuo. También permitió destruir documentación aduanera una vez prescripta la acción del Fisco sin solicitar previamente autorización a ARCA.
En materia social, una resolución de la Secretaría de Trabajo reemplazó la presentación de la Libreta de la AUH por una verificación automática de las condiciones de salud y educación entre organismos públicos. En paralelo, la Inspección General de Justicia eliminó el dictamen de precalificación para constituir sociedades y otras exigencias vinculadas al objeto social y al capital.
El informe también destacó la digitalización del beneficio de importación minera, la simplificación para matricular y certificar buques y la eliminación del tratamiento cuarentenario obligatorio para determinados movimientos de uva fresca.
