El fallecimiento de María Carmen Abascal a los 87 años de edad en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid ha sido de inmediato transformado en el principal ariete propagandístico de la izquierda española. El ala más radical del espectro político ha utilizado la figura para impulsar protestas multitudinarias, promover movilizaciones callejeras y reforzar un discurso comunista que busca menoscabar la propiedad privada y desestabilizar las bases de la economía de mercado en España.
Este clima de agitación social e inestabilidad política, alimentado a raíz de su desahucio el pasado 23 de septiembre, ha derivado en un verdadero colapso institucional. Las consecuencias inmediatas de la ofensiva impulsada por los colectivos afines a la izquierda incluyen la acampada permanente en la Puerta del Sol, la caída de dos decretos reguladores sobre la vivienda, la presión sindical que ha desembocado en la convocatoria de una huelga general para el 11 de noviembre y el acorralamiento del presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, quien se vio obligado a convocar elecciones anticipadas para el 29 de noviembre.
La maquinaria partidista no tardó en rentabilizar el suceso a nivel mediático y parlamentario. Desde el ámbito del radicalismo de izquierda, la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, utilizó sus redes sociales en X para exacerbar la crispación al señalar: “No es una muerte, es un asesinato. Qué maldita rabia. Gracias por luchar, Mari Carmen”, alineándose con las proclamas del asambleísmo callejero que coreaba “No son muertes, son asesinatos” durante el 1 minuto de silencio guardado en la Puerta del Sol.
Por su parte, el presidente Pedro Sánchez reaccionó en X publicando: “Todo mi cariño a la familia y a los seres queridos de Maricarmen. Un abrazo también a todos los que hoy sentimos esta pérdida como propia. Descanse in paz”. A la par, la plataforma activista Sindicato de Inquilinas emitió un comunicado institucional reafirmando la continuidad de las presiones: “Seguiremos luchando por ti, por todas, como siempre quisiste”.
Descendiendo a los detalles particulares que desencadenaron este conflicto inmobiliario, María Carmen Abascal, quien contaba con un 50% de discapacidad, residió durante 70 años en un inmueble situado en la calle Sainz de Baranda, habiendo ingresado a la vivienda a la edad de 17 años.
La controversia patrimonial se originó tras la adquisición del edificio por parte de la empresa Urbagestión, la cual exigió la actualización de la renta antigua mediante la fijación de un alquiler mensual de 2.650 euros, un importe que resultaba inasumible para el nivel de ingresos de su pensión.
El lanzamiento judicial, efectuado en el cuarto intento de desalojo el 23 de septiembre, se desarrolló en medio de un amplio despliegue mediático. Ante la avería del ascensor del inmueble, vecinos y manifestantes bajaron a la anciana en silla de ruedas a través de seis pisos ante una multitud de más de 500 personas concentradas en la vía pública. Fue en ese escenario donde pronunció la consigna: “Luchad, seguid luchando por lo que es vuestro”.
Posteriormente, la mediación de la abogada Beatriz Duro logró encauzar un pacto en la EMVS para adscribirla a un alquiler adaptado equivalente al 30% de sus ingresos (un desembolso proyectado de unos 435 euros mensuales); sin embargo, el acuerdo no llegó a efectivizarse debido al deterioro irreversible de su estado de salud.
Finalmente, durante su estancia hospitalaria, Maricarmen participó activamente en las campañas de propaganda difundidas por el Sindicato de Inquilinas.
A través de una grabación dirigida al Ejecutivo para demandar un decreto ley sobre los alquileres y pedir el apoyo a la manifestación del 26 de septiembre en la Puerta del Sol, la anciana expresó desde su cama de ingreso: “Creo que todos me conocen. Yo no los conozco a todos personalmente, pero sí conozco a mucha de la gente que viene acompañándome desde hace mucho tiempo. Me gustaría estar ahí con ustedes, acompañarlos en su acampada, en su lucha, pero no tengo esa suerte”.
