La Justicia federal impuso una multa diaria de $100.000 a Diego Santilli, jefe de Gabinete de la Nación, por el incumplimiento de una medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución fue dictada este miércoles por el juez Martín Cormick, quien decidió aplicar una sanción que busca forzar al Gobierno de Javier Milei a acatar la orden judicial.
La medida exige actualizar los salarios de docentes y no docentes de las universidades públicas y garantizar los fondos destinados a las becas estudiantiles. Según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), los pagos ordenados todavía no se habían concretado, pese a las intimaciones realizadas previamente.
Una sanción diaria por no cumplir la cautelar
Cormick hizo efectivo un apercibimiento que había dispuesto el 30 de septiembre de 2026, luego de verificar que la orden judicial continuaba sin cumplirse. La multa quedó fijada inicialmente en $100.000 por cada día de demora y podrá modificarse, tanto en su monto como respecto de los funcionarios alcanzados.
La herramienta aplicada se conoce como astreintes: son sanciones económicas que los jueces pueden establecer para presionar al obligado a cumplir una resolución. En este caso, apuntan a que el Estado nacional ejecute las disposiciones relacionadas con los salarios universitarios y el financiamiento de las becas.
Los plazos vencidos y el reclamo del CIN
El Consejo Interuniversitario Nacional había solicitado que se aplicaran las sanciones ante la falta de cumplimiento, pese a las intimaciones previas. De acuerdo con los antecedentes del expediente, el magistrado había otorgado un plazo inicial de cinco días, que venció el 22 de septiembre, y luego lo prorrogó por otro período igual. Una vez agotados esos plazos, el organismo reclamó que se hiciera efectiva la advertencia judicial.
La cautelar sigue vigente mientras avanza la apelación
La multa se aplica dentro del expediente de la medida cautelar, que continúa vigente. En paralelo, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal debe resolver la apelación del Estado contra otro fallo de Cormick, que declaró inconstitucional la cláusula del decreto 759/2025 que condicionaba la aplicación de la ley a la definición de los recursos presupuestarios.
La discusión sobre ese punto no dejó sin efecto la orden provisoria de actualizar los salarios y garantizar el financiamiento de las becas. La cautelar había sido confirmada por la Cámara y quedó firme después de que la Corte Suprema rechazara un recurso extraordinario del Estado el 25 de junio de 2026. Por ahora, el Gobierno debe cumplir con la medida mientras continúa la discusión judicial sobre el fondo de la ley.
Fuente Enterate
