Una causa que tramita en la Justicia Federal intenta arrojar luz sobre una dramática historia de vulneración, engaños y apropiación de identidad que comenzó hace más de cuatro décadas en la provincia de Córdoba. La investigación busca esclarecer la presunta sustracción de una beba nacida el 22 de julio de 1981 en el Centro Médico de Villa Dolores.
Según consta en la denuncia, la recién nacida fue separada de su madre biológica —una adolescente de apenas 16 años identificada por sus iniciales como E.M.— y entregada a otra mujer sin su consentimiento. Casi 45 años después, un análisis de ADN logró confirmar el vínculo innegable entre ambas. Sin embargo, el desenlace fue trágico: la madre que impulsó la investigación falleció producto de un cáncer terminal semanas antes de que la Justicia lograra indagar a la presunta apropiadora.
Germán Romero Marcón, abogado querellante y representante de la Comisión de Derechos Humanos, relató los pormenores del caso tras conocer la historia de boca de la propia E.M. La adolescente había llegado desde San Luis a Villa Dolores para trabajar bajo el cuidado de una familia, viviendo en un contexto de extrema vulnerabilidad y aislamiento. «Solo la dejaban salir los domingos», aseguró el letrado.
El abuso, el aislamiento y el engaño en la clínica
Durante una de esas escasas salidas dominicales, la joven fue víctima de un abuso sexual y quedó embarazada. De acuerdo con la denuncia formalizada, durante el período de gestación, la familia para la cual trabajaba la recluyó y la entregó a otra mujer para que la «cuidara». Esta persona que la visitaba sería señalada posteriormente como la presunta apropiadora de la criatura.
El 22 de julio de 1981, la adolescente dio a luz en el Centro Médico de Villa Dolores. Tras el parto, el ardid se consumó de la manera más cruel: le dijeron, como única explicación, que la beba «ya no estaba». El ocultamiento sistemático le impidió conocer el verdadero destino de su hija. Durante décadas, E.M. vivió sumida en la incertidumbre, llegando a pensar que la niña podía haber fallecido al nacer.
El hallazgo genético y la imputación a la mujer de 82 años
El caso dio un giro radical hace apenas cinco años, cuando la hija biológica comenzó a indagar sobre sus verdaderos orígenes. La mujer que la crió, identificada como R.M.A., le había asegurado que E.M. la había entregado de forma «voluntaria». Llena de dudas, la joven logró contactarse con otros hijos de E.M., sospechando que podían ser sus hermanos biológicos.
Antes de judicializar el tema, ambas se sometieron a una prueba de ADN particular que arrojó resultado positivo, vínculo que luego fue reconfirmado por un análisis oficial dentro de la causa federal. No obstante, cuando la madre biológica decidió llevar el caso a la Justicia para esclarecer la verdad de los hechos y enfrentar a la responsable de la sustracción, la relación recién reconstruida con su hija se quebró.
La investigación tramita actualmente ante la Secretaría de Derechos Humanos del Juzgado Federal N°3 de Córdoba, a cargo del juez Miguel Vaca Narvaja. La presunta apropiadora, que hoy tiene 82 años de edad y se encuentra en libertad, fue formalmente imputada por los delitos de sustracción y falsedad ideológica.
A través de su defensora oficial, María Mercedes Crespi —integrante de la Defensoría Pública—, la acusada solicitó que se declare la prescripción de la causa. Esa audiencia indagatoria, clave para el avance del expediente, no llegó a concretarse.
Una muerte dolorosa y la disputa de los herederos
E.M. falleció en julio de este año a los 60 años, víctima de un agresivo cáncer. Su deceso se produjo apenas una semana antes de la fecha que la Justicia había fijado para la indagatoria de la acusada de 82 años. La mujer murió sin enterarse siquiera de que dicha audiencia terminaría siendo suspendida.
Tras su partida, el resto de sus hijos decidió tomar la posta para que el aberrante hecho no quede impune. «Quiero que se llegue a la verdad», resumió Romero Marcón sobre el objetivo central de la querella.
El expediente sumó una nueva controversia técnica tras la muerte de la denunciante. A.S.C., otra de las hijas de E.M., solicitó ser reconocida formalmente como querellante y como actora civil. El fiscal general Maximiliano Hairabedián se opuso a otorgarle el rol de querellante, argumentando que no se cumplen los requisitos legales cuando la muerte de la víctima no es consecuencia directa del delito investigado, aunque sí avaló su intervención como actora civil al acreditar su condición de heredera. Ahora, el juez Vaca Narvaja deberá definir el alcance de la participación familiar mientras intenta desentrañar el entramado que separó a una madre de su beba hace más de cuatro décadas.
Fuente Enterate
