El papa León XIV dejó una advertencia contundente durante su visita a la Argentina: “La impunidad es fruto de la corrupción”. El mensaje, pronunciado ante jueces, funcionarios y luego durante su paso por la cárcel de Devoto, puso en el centro del debate la responsabilidad de las instituciones y la necesidad de recuperar la confianza ciudadana. En Tucumán, sus palabras adquieren una resonancia particular frente a los cuestionamientos por el avance de una denuncia contra la intendenta Raquel Graneros y la polémica por la sentencia que dictó el juez Augusto Paz Almonacid en una causa de abuso sexual infantil.
León XIV, la corrupción y la responsabilidad de la Justicia
En un artículo publicado en Clarín, el periodista de investigación Daniel Santoro analizó las tres advertencias que el Pontífice realizó durante su estadía en el país sobre los efectos de la corrupción en la democracia y la confianza pública. Una de las frases más fuertes llegó este miércoles, durante su visita al penal de Devoto, cuando León XIV enumeró distintas formas de degradación social y mencionó expresamente “la impunidad que es fruto de la corrupción”. Días antes, ante unos 1.500 funcionarios, legisladores, jueces y dirigentes en el Palacio Libertad, había señalado que la corrupción erosiona la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.
El planteo también recuperó una preocupación que había expresado su antecesor, el papa Francisco, quien en 2014 mantuvo un encuentro con el juez federal Ariel Lijo, por entonces a cargo de la investigación sobre el caso Ciccone que involucraba al vicepresidente Amado Boudou. Según el relato de Gustavo Vera citado por Santoro, Francisco le transmitió una advertencia sobre los riesgos de la inacción judicial: “Está bien ser prudentes. Pero si la prudencia se convierte en inacción, eso es cobardía”. La continuidad de ese mensaje vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: qué sucede cuando las instituciones encargadas de investigar y juzgar no responden a las demandas de la sociedad.
Manuel Courel acusó al MPF de frenar una denuncia contra la intendenta Raquel Graneros
La denuncia contra Raquel Graneros y el reclamo de Manuel Courel
En Tucumán, uno de los episodios que alimenta ese debate es el reclamo del legislador Manuel Courel por la denuncia de presunto enriquecimiento ilícito contra la intendenta de Graneros, Raquel Graneros. El parlamentario aseguró que la investigación lleva casi cinco meses sin avances y apuntó directamente contra el ministro fiscal Edmundo Jiménez, a quien responsabilizó por el supuesto freno de las actuaciones. “Esa denuncia está, literalmente, cajoneada. En cinco meses no se hizo absolutamente nada”, afirmó. Courel también dijo que presentó un nuevo escrito ante el Ministerio Público Fiscal para conocer si la causa continúa activa y qué medidas se adoptaron. Se trata de cuestionamientos formulados por el legislador: la eventual existencia de irregularidades y las responsabilidades deberán ser determinadas por la Justicia.
El planteo incluye interrogantes sobre una propiedad ubicada en la zona de las Yungas, en Yerba Buena, cuya titularidad Courel pidió que sea aclarada. El legislador también cuestionó a la fiscalía de Concepción y reclamó que la intendenta retome la banca para la que fue elegida. Por ahora, el punto central de su reclamo es que el MPF informe qué ocurrió con la denuncia y dé cuenta de las medidas investigativas realizadas.
El fallo de Paz Almonacid y el dolor de la familia de una niña abusada
Otro caso que generó fuertes cuestionamientos en la provincia es la sentencia del juez Augusto Paz Almonacid contra Luis Coletti, condenado por abusar sexualmente de su nieta. La Fiscalía había solicitado 14 años de prisión y la querella, 18; sin embargo, el magistrado recalificó el delito como abuso sexual simple y dictó una pena de cinco años y seis meses, además de concederle el beneficio de la prisión domiciliaria. La decisión provocó indignación en la familia de la niña, que cuestionó la valoración de las pruebas y sostuvo que el relato de la menor, la Cámara Gesell y los informes psicológicos no fueron considerados con la gravedad que esperaban.
“Él no le creyó a mi hija, no entendió el dolor de lo que sufrió mi hija y de lo que sufro yo y mi familia”, expresó Mariana Alejandra Piso, madre de la víctima. La familia también denunció hostigamiento en redes sociales y reclamó mayor acompañamiento institucional para la niña. Las críticas apuntan al criterio aplicado en la sentencia y a sus consecuencias para la víctima; no constituyen, por sí mismas, una prueba de corrupción ni permiten atribuir al magistrado una conducta delictiva. Sin embargo, la controversia volvió a instalar el debate sobre la respuesta judicial frente a delitos que afectan a niños y niñas.
«El juez Paz Almonacid no quiso ver el sufrimiento de mi hija»: el dolor de la familia de la nena abusada por su abuelo y que la Justicia tucumana decidió bajarle la condena. https://t.co/cMGkENqnBw
— Enterate Play (@EnteratePlay) November 6, 2026
Un mensaje que interpela a las instituciones tucumanas
Los casos son diferentes y tienen características judiciales propias. Uno plantea cuestionamientos sobre la presunta falta de avances en una investigación por posible enriquecimiento ilícito; el otro, una discusión sobre la calificación legal, la pena y las condiciones de cumplimiento de una condena por abuso sexual. Pero ambos quedaron atravesados por una misma demanda social: que la Justicia dé respuestas, explique sus decisiones y actúe con transparencia.
La advertencia de León XIV no estuvo dirigida puntualmente a funcionarios ni magistrados de Tucumán, pero su mensaje trasciende el escenario nacional. Cuando el Papa sostiene que la corrupción puede generar impunidad y que esa situación erosiona la confianza en las instituciones, interpela también a las estructuras judiciales provinciales. En una sociedad que reclama respuestas frente a denuncias sensibles y fallos que provocan indignación, el desafío es que la Justicia no solo actúe, sino que también pueda explicar sus decisiones y demostrar que nadie está por encima de la ley.
Fuente Enterate
