Durante las últimas horas, el juez federal Daniel Rafecas condenó a un año y tres meses de prisión en suspenso y dos años y medio de inhabilitación para ejercer funciones policiales a Cristian Rivaldi, principal de la Policía Federal Argentina (PFA), tras hallarlo penalmente responsable de haber rociado con gas irritante a Fabrizia Pegoraro, de diez años, y a su madre durante una manifestación de jubilados en septiembre de 2024.
El veredicto del juez Rafecas, el incumplimiento del protocolo y la caída de la versión oficial
Tras un juicio correccional desarrollado en los tribunales federales, el magistrado determinó que Rivaldi —quien al momento de los hechos integraba la división DOUCAD— incurrió en los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y lesiones leves, cuyos fundamentos completos se darán a conocer el próximo 17 de noviembre. En este sentido, la reconstrucción judicial acreditó que el 11 de septiembre de 2024 madre e hija se encontraban sentadas de espaldas sobre la avenida Rivadavia, sin ofrecer resistencia alguna, cuando el efectivo les arrojó gas pimienta a corta distancia, provocándole a la menor una conjuntivitis química que requirió atención en el Hospital Santa Lucía.
El fallo respaldó el planteo del fiscal Eduardo Taiano, quien demostró que el agente violó tanto el reglamento de uso racional de la fuerza como la propia Resolución 943/2023 («protocolo antipiquetes»), la cual exige especial cuidado ante la presencia de niños, embarazadas y adultos mayores. De esta manera, la sentencia desestimó la coartada de la defensa y la versión oficial difundida tras el incidente, que atribuía el ataque a una manifestante o socorrista mediante un video editado.
La ofensiva de la querella contra Patricia Bullrich y Alejandra Monteoliva
Tras conocerse el veredicto condenatorio, el abogado querellante Gregorio Dalbón celebró el fallo como la primera sentencia contra la represión en protestas sociales y anunció que impulsará acciones penales contra la exministra Patricia Bullrich y su sucesora en la cartera de Seguridad, Alejandra Monteoliva. En este sentido, el letrado sostuvo con dureza: “Patricia Bullrich miró a la cámara y le dijo al país que nadie había gaseado a una nena. Ahora, la desmintió la Justicia. Alejandra Monteoliva salió por los canales a sostener un video falso que le echaba la culpa a una manifestante, una operación para tapar lo que quedó confirmado con una condena”. Asimismo, Dalbón remarcó que esta resolución representa «el piso y no el techo» de la investigación, anticipando que exigirán responsabilidades por encubrimiento y abuso de autoridad a quienes condujeron el operativo.
Fuente Enterate
