Lo que estaba planificado como una jornada de celebración popular por los logros deportivos de la Selección Argentina derivó en un escándalo institucional. Silvana Brito, una conocida vecina y emprendedora de la ciudad de Tafí Viejo, formalizó una grave denuncia por presuntos apremios ilegales, violencia de género e institucional contra efectivos de la Policía de Tucumán. Según su testimonio, tanto ella como su hija menor de edad fueron golpeadas, gaseadas y humilladas en el marco de un operativo de despeje en la vía pública que continuó con agresiones dentro de la comisaría seccional.
Desalojo en la plaza principal y traslado a la comisaría
El relato de la denunciante indica que el altercado inicial se desencadenó en las inmediaciones de la plaza principal de Tafí Viejo de forma fija. Brito se encontraba en el paseo público junto a sus hijos y familiares participando de los festejos masivos cuando las autoridades policiales se presentaron para ordenar el desalojo del cuadrante. La mujer sostuvo que, ante el pedido de unos minutos para recoger sus pertenencias, los uniformados comenzaron a empujar a los menores, lo que motivó su inmediata reacción defensiva de madre para proteger la integridad física de sus hijos.
Por otro lado, la situación escaló de inmediato cuando ambas mujeres fueron reducidas, esposadas y trasladadas a la sede policial. La denunciante afirmó que las agresiones físicas más severas ocurrieron dentro de la comisaría, donde permanecieron inmovilizadas con esposas y sufrieron la aplicación de gas pimienta en el rostro.
Según el descargo público, el personal de la Policía de Tucumán utilizó teléfonos particulares para filmar el estado de las víctimas y proferir burlas, aduciendo falsamente que el comportamiento de Brito respondía a una supuesta intoxicación alcohólica o de medicamentos. Tras recuperar la libertad, ambas asistieron a un efector de salud donde los profesionales médicos diagnosticaron múltiples hematomas, escoriaciones y una fractura de muñeca en la denunciante.
Repercusión social y el pedido de pruebas a la comunidad
La gravedad del caso despertó una fuerte ola de indignación y mensajes de apoyo en las redes sociales de la provincia. Familiares y allegados a las víctimas alertaron sobre supuestas maniobras recurrentes por parte de algunos agentes policiales, quienes retendrían o secuestrarían teléfonos celulares a los transeúntes para evitar que queden registros fílmicos que identifiquen los rostros de los uniformados involucrados en casos de violencia institucional. Ante esta situación, se elevaron pedidos públicos dirigidos al gobernador Osvaldo Jaldo y a las tripulaciones del Ministerio de Seguridad para disponer la intervención preventiva de la comisaría.
Finalmente, la familia damnificada solicitó el aporte solidario de la comunidad taficeña. Pusieron a disposición la línea telefónica 381-3511898 para que cualquier testigo civil que haya filmado secuencias del procedimiento en la plaza principal o en las puertas de la dependencia pueda aportar los soportes audiovisuales de forma fija.
Fuente Enterate
