En medio de una investigación penal que acumula reclamos por más de 536 millones de pesos en Tucumán, el empresario Franco Alderete, titular de Lebron Group SAS, presentó formalmente el pedido de quiebra de su compañía. La iniciativa generó rechazo entre los ahorristas afectados y sus querellas, quienes sostienen que la medida busca dilatar las acciones de cobro sin frenar los cargos por presunta estafa piramidal que pesan en su contra.
La maniobra investigada por la fiscalía consistía en la captación de fondos de particulares bajo la promesa de retornos mensuales garantizados, ofreciendo tasas del 7% en pesos y 3,4% en dólares. El dinero era presuntamente volcado a la importación y venta de suplementos alimenticios y productos tecnológicos comercializados en cinco sucursales distribuidas entre la capital tucumana, Yerba Buena y Lules, extendiendo operaciones sospechadas a provincias como Santiago del Estero, Córdoba, Catamarca y Santa Fe.
Sociedades fachada y la respuesta del imputado
De acuerdo con las evidencias integradas al expediente, ante la suspensión del CUIT de Lebron Group por parte de los organismos de control fiscal (ARCA), el acusado continuó operando bajo nuevas razones sociales como Total Finan SAS, Sportmed SRL y De Nutrición Argentina SRL. Estas firmas son analizadas como posibles estructuras pantalla creadas para canalizar el flujo de capitales.
Ante la sede judicial, Alderete rechazó las acusaciones de estafa, aduciendo un descalabro financiero imprevisto que le impidió dar cumplimiento a los contratos pactados, mientras ratificó que se encuentra realizando pagos parciales en la medida de sus posibilidades actuales.
El trámite de la quiebra y su impacto penal
La solicitud de quiebra interpuesta en el fuero civil requerirá la convalidación del juez interviniente previa verificación de la documentación societaria e impositiva. En caso de otorgarse el trámite, se designará un síndico mediante sorteo público con el objeto de convocar a los acreedores, auditar las acreencias reales y elevar un dictamen técnico sobre el estado patrimonial de la entidad.
Fuentes del Poder Judicial precisaron que la apertura del concurso o quiebra en el fuero comercial no paraliza la causa penal por estafa. Durante la tramitación, el juzgado civil podrá dictar medidas cautelares sobre el imputado, tales como la prohibición de salir del país y la inhibición general de bienes para resguardar los activos que pudieran satisfacer las deudas reclamadas.
Fuente Enterate
